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LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Publicado en Laboral y Seg. Social

 

LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

 

Por Dr. Germán Rosas Barón

Socio fundador Díaz y Rosas Abogados.

El 18 de marzo de 2014 fue aprobada en senadores la Ley 19.196 que establece la responsabilidad penal del empleador que no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador; a su vez se plantean modificaciones a la ley 16.074 de Seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y al Código del Proceso Penal en cuanto a la figura del denunciante.

Antecedentes.

Nuestro ordenamiento legal, previo a la sanción del texto en estudio, no poseía una ley que expresamente imputara al empleador una responsabilidad penal empresarial.

No obstante, nuestros Tribunales Penales registran antecedentes de la aplicación contra empleadores de penas por delitos relacionados con la muerte o lesiones de trabajadores:

Sentencia 347/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno confirmó la sentencia del Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal de 5º Turno por la cual se condenó a 24 meses de prisión al arquitecto que tenía a su cargo la obra de la calle Juncal que se derrumbó en setiembre de 2006 matando a dos operarios, por lo que se imputó al mencionado profesional un delito de homicidio complejo.Los integrantes del Tribunal llegaron a la conclusión que si se considera el trascendente rol del arquitecto como director de la obra, "su asistencia permanente y su control continuo y de cerca", así como la exigibilidad de "un actuar profesional diligente, perito y prudente", éste tendría que haber dado "la orden inmediata de suspensión de tales trabajos, lo que en el caso no aconteció, intentándose escudar en absoluto desconocimiento, increíble de acuerdo a los datos de hecho que nos brinda la causa".
“Se otorgó al arquitecto el beneficio de la suspensión condicional de la pena establecida en el art. 126 del Código Penal prevista para los casos de prisión (por período menor a dos años) o multa”.

Sentencia 18/2009 Tribunal de Apelaciones Penal de 1º turno, estableció la responsabilidad penal por homicidio culpable de una persona que contrató los servicios de un trabajador para demoler un garaje, “al no tomar las debidas diligencias que exige la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, infringió el deber de cuidado, ello por cuanto la Resolución Nº 3095 del 22/8/01, establece la obligatoriedad del propietario de la vivienda de solicitar ante la Comuna el permiso de demolición, y ella es la única persona acreditada para dicha gestión. b) La Sra. BB no puede ser ajena al proceso de demolición, por cuanto de haber requerido el citado permiso, AA no hubiera realizado los trabajos dado que no es técnico, y necesitaba un arquitecto y un "previsionista". 

Sentencia del 20 de julio de 2009 del Juzgado Penal de Maldonado de 2º turno. “Que procesó con prisión por el delito de “homicidio culposo”, a un constructor de Maldonado, a raíz de la muerte de un trabajador de la construcción ocurrida en mayo de año 2006. El mismo era responsable de una obra en Punta Ballena, y varias veces fue notificado y alertado por no cumplir con las normas de seguridad”.

La nueva normativa no requiere que exista un daño concreto de lesión o muerte del trabajador, sino que se configura el delito cuando se pone en peligro la vida, la salud o la integridad física del trabajador, por eso se habla de un delito de peligro.

 

¿Quién puede ser responsabilizado penalmente por la ley?

La pregunta si bien parece sencilla de responder, y primeramente apuntaríamos al empleador, en derecho laboral, el concepto de empleador es abarcativo de varias situaciones fácticas.

El empleador puede ser definido de manera amplia como la persona física, jurídica o entidad que utiliza los servicios de otro en virtud de una relación de trabajo, beneficiándose con los servicios de quien los presta, dirige, controla, disciplina y remunera los mismos. En cuanto al empleador persona física no tendríamos problemas de identificar al sujeto activo del delito, empero, el primer problema se plantea en la organización empresarial como persona jurídica (Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Colectivas, etc.) ya que en nuestro país no se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La ley establece que será también responsabilizado penalmente además del empleador “quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa” incurra en la conducta delictiva antes mencionada. Puede entenderse aquí que se trata en primera instancia de aquellas personas que ejercen dentro de la persona jurídica el poder de dirección de la empresa, estos estarían determinados por los estatutos o los contratos sociales (Socios, Directores y Administradores). Haciendo una interpretación extensiva (inconveniente tratándose de temas penales[1]) podría ampliarse el elenco de los sujetos alcanzados, por ejemplo el caso de Gerentes Generales o personal de jerarquía de la empresa que efectivamente ejerzan un poder de dirección en la empresa.

El segundo problema que se plantea en torno a la figura del empleador es que en derecho laboral existen varias figuras ya consagradas en doctrina y jurisprudencia, como son las del empleador complejo, la del conjunto económico, descentralización empresarial como puede ser una tercerización o la existencia de un socio oculto.

Estas figuras son creadas por el derecho laboral con el objetivo de responsabilizar por incumplimientos de las obligaciones del contrato de trabajo, a personas que en el plano formal no se encuentran identificadas como empleadores siguiéndose una serie de “indicios” para su determinación. En estos casos si se entiende que procede la responsabilidad penal habrá que probar que existe poder de dirección que supone la subordinación jurídica, entendida como el poder de dirigir, controlar y disciplinar la actividad del trabajador[2].

Otra distinción que podemos hacer en cuanto al empleador es en personas de derecho público y derecho privado. La ley no excluye su aplicación al ámbito público, por tanto, tendremos que distinguir qué personas públicas o de derecho público están alcanzadas por esta normativa. La ley habla de empresa, por tanto, podemos excluir del sujeto activo a aquellas personas públicas que no son consideradas empresas (Ministerios, Direcciones, Intendencias, etc.). Sí estarían alcanzadas por esta normativa las empresas estatales como Antel, Ute, Ose, serían sujetos activos penales los presidentes, integrantes del directorio y demás personal jerárquico que efectivamente ejerzan poder de dirección en la misma.

Por tanto, podemos decir, que la figura del empleador en nuestro derecho laboral abarca distintas situaciones de organización empresarial, que a su vez el texto en estudio no especifica que sujetos se encuentran afectados por la ley penal, manejando conceptos que dejarán a discreción judicial y a la aportación de pruebas que pueda hacer el denunciante o la víctima para determinar quién es la persona o personas que deben responder por el delito en cuestión.

En consecuencia, entendemos que pueden ser responsabilizados, el empleador persona física, los Socios, Directores, Administradores, y demás personas físicas que sean consideradas empleadores siempre que ejerzan efectivamente el poder de dirección en la empresa. No estarían alcanzados por ejemplo los socios que únicamente participan de utilidades de la empresa no detentando poder de dirección de la misma.

 

El delito

Claramente el texto aprobado en su artículo 1º crea un delito de peligro, ya que no se requiere que exista un daño ocasionado de forma efectiva, se establece que el delito se configura cuando los sujetos activos “no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Se requiere entonces por un lado una conducta omisa del sujeto activo que supone no adoptar medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación. Por tanto sería un delito de comisión por omisión.

Esta omisión debe suponer un peligro grave y concreto a la vida, la salud o la integridad física del trabajador. El peligro según la Real Academia Española es un “riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal”. El peligro se caracteriza por la viabilidad de un incidente potencialmente dañino, una situación que tiene aptitud para crear un daño sobre bienes jurídicos protegidos, en este caso se trata de la vida, salud e integridad física. Además debe ser concreto, esto es, preciso, determinado, sin vaguedad, cierto, serio. Este peligro puede ser real, es decir, que exista aquí y ahora, o potencial que es el peligro que no es actual pero que sabemos que puede existir a corto, mediano plazo o largo plazo según sean las causas que lo generan.

Este  peligro grave y concreto se debe traducir en una potencialidad de lesionar la vida, entendemos por tal el que puede generar lesiones graves o resultado muerte a la persona. La salud, entendemos por tal el que puede generar trastornos graves de salud y secuelas transitorias o permanentes en la persona. La integridad física sería un criterio que incluye el daño a la persona (moral, psicofísico o bilógico, psicológico, estético y sexual, a su dignidad, salud, etc.).

Determinados así los bienes jurídicos tutelados por la ley de responsabilidad penal, estos son indeterminados, teniendo un número abierto de posibilidades dejando su acotamiento y determinación a discreción del Juez que entienda en el asunto.

Otro problema que se plantea, es que se ha catalogado por penalistas desde la discusión parlamentaria de ser un tipo penal abierto, de reenvío a leyes y reglamentación, que existen actualmente y que podrían ser sancionadas a futuro, aunado a que ha sido cuestionada su constitucionalidad en tanto deja librado a la reglamentación la descripción de conductas que conforman el tipo, lo que claramente sería violatorio al principio de legalidad del derecho penal, que supone (a grosso modo) que todos los extremos del delito deben estar determinados por la ley que crea el Poder Legislativo, y no por una reglamentación que hace el Poder Ejecutivo.

El empleador para no verse inmerso en el delito mencionado, debe demostrar que implementó medidas de seguridad y resguardos, así como acreditar el cumplimiento de leyes y reglamentos de seguridad laboral. Deberá en el caso de incumplimiento demostrar que el mismo no se debe a una intención de su parte, que no se estaba consciente de no haber adoptado dichas medidas de resguardo y seguridad.  Este es un delito en el que se presume el dolo y la culpa salvo prueba en contrario art. 21 del Código Penal. A su vez, tampoco el empleador puede argumentar que no conocía la normativa vigente en materia de seguridad en virtud del principio “ignorantia juris non excusat” que supone que la ignorancia de la ley no sirve de excusa art. 2 del Código Civil.

 

La pena

Se establece que quien incurra en el tipo penal tendrá una pena de tres a veinticuatro meses de prisión. Con lo cual el delito sería excarcelable.

Esta pena que supone la privación de la libertad ambulatoria del sujeto que comete el ilícito, es acumulable con las sanciones administrativas que determinen las autoridades Administrativas.

En este caso, la Inspección del Trabajo, podrá aplicar multas por incumplimientos a las normas de seguridad laboral, esto significa que si dichos incumplimientos también configuran delitos serán pasibles de las sanciones penales que correspondan, sin que suponga la vulneración del principio “non bis in ídem” el cual supone que no se pene al sujeto dos veces por una única conducta. De forma similar a lo que ocurre en el derecho tributario, con las infracciones y delitos tributarios; aquí estamos frente a dos procedimientos diferentes el primero en vía administrativa (Inspección del Trabajo) y el segundo en vía jurisdiccional (Juez Penal), siempre que se respete el debido proceso en ambos no podemos hablar de vulneración del principio non bis in ídem.

Ejemplos de esta doble imputación de penas y responsabilidades lo configura la ley 16.162 respecto de la pena y la acción civil de reparación que pretende la víctima de delito que procede de forma independiente a la aplicación de la pena en vía penal.

En el artículo 2º del texto aprobado, se establece como ya lo hacía la ley de Seguros de Accidentes y Enfermedades profesionales Nº 16.074 en su art. 7 inciso 1º y 2º. Ante la ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional, que se embarque dentro del tipo penal, y que en caso de ser provocado por dolo o culpa grave del empleador, la responsabilidad de éste ante el trabajador o sus derecho habientes por la integralidad del daño en todo lo que no cubra el seguro, la modificación está en el siguiente inciso que se agrega: en estos casos aun estando asegurado ante el BSE, el Banco al comprobar el dolo o culpa grave debe excluir el seguro, además se establece que se recuperarán gastos médicos y demás sumas para atender indemnizaciones establecidas en la ley 16.074. Deja de ser una facultad del BSE para ser una obligación la exclusión del seguro en casos de dolo o culpa grave. Debiendo en estos casos el Banco dar cuenta a la Inspección del Trabajo a los efectos de que realice la denuncia penal correspondiente.

 

 

¿Quién puede denunciar?

Está facultada a denunciar cualquier persona (el propio trabajador o cualquier tercero) que entienda que existe un peligro grave y concreto que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador.

También para supuestos ya acaecidos si se constata dolo o culpa grave por el BSE éste deberá dar aviso al Inspector General del Trabajo quien deberá efectuar la denuncia penal ante el Juzgado competente.

La ley implementa una importante modificación del art. 83 del Código del Proceso Penal, estableciendo la figura del denunciante, a la que define como toda persona que comunica al Juzgado competente la noticia de hechos que a su juicio constituyan delito, se le permite a su vez a esta persona presentar y solicitar diligenciamiento de pruebas a los efectos de constatar el delito. También tendrán acceso conjuntamente con los damnificados y terceros civilmente responsables al acceso del expediente penal durante todo el desarrollo del presumario.

Previo a esta modificación únicamente tenían derecho a lo último el damnificado y los terceros civilmente responsables, por tanto se suma a esta nómina la figura del denunciante.

Cabe destacar que si es el trabajador quien realiza la denuncia, esta se debe basar en la existencia de un peligro grave y concreto, a nuestro juicio este debe tener las características mencionadas anteriormente, fundamentalmente debe ser cierto; de constatarse que la denuncia efectuada por el trabajador es falsa y es realizada por motivos ajenos a los de protección ante un peligro que pueda afectar la vida, la salud o la integridad física, esa denuncia falsa puede considerarse una causal de notoria mala conducta; en analogía con la ley 18.561 de acoso sexual que establece la causal en estos términos: “El o la denunciante o denunciado a cuyo respecto se acredite fehacientemente en vía jurisdiccional que ha actuado con estratagemas o engaños artificiosos pretendiendo inducir en error sobre la existencia del acoso sexual denunciado, para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro, será pasible de acciones penales y su proceder podrá calificarse de notoria mala conducta”.

A su vez, una denuncia falsa puede suponer la aplicación del art. 179 del Código Penal simulación de delito[3].

 

Conclusiones.

La presente introducción en nuestro ordenamiento del tipo penal en estudio independientemente de su eventual examen de su constitucionalidad, que en todo caso, de entenderse inconstitucional, supondrá una posterior modificación a la forma en el que se encuentra establecido el delito por la ley, por ello entendemos que el fenómeno del derecho laboral penal ha llegado a nuestro ordenamiento para quedarse.

 Requerirá que los empresarios adopten una actitud proactiva en cuanto a la prevención de situaciones peligrosas o riesgosas, y a un cumplimento más estricto de las normas de seguridad laboral.

 

ANEXO NORMATIVO PROYECTO DE LEY APROBADO

ACCIDENTES LABORALES

 

SE ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR CUANDO INCUMPLIERE
CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD


 

TEXTO APROBADO

Artículo 1º.- El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión.

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

"ARTÍCULO 7º.- Las personas amparadas por la presente ley y, en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que los que ella les acuerda, a no ser que en éstos haya mediado dolo o culpa grave por parte del patrono en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención.

 

  Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecido por esta ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo inaplicables, por lo tanto, las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

 

  Si hubiera mediado dolo o culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, éste deberá reparar integralmente el daño causado, en todo cuanto no hubiere sido cubierto por el seguro de conformidad con las disposiciones de la presente ley. En este caso además, el Banco excluirá el siniestro y recuperará los gastos generados por la asistencia médica prestada y las sumas de dinero necesarias para atender la totalidad de las indemnizaciones previstas en la presente ley.

 

  Constatado el dolo o la culpa grave del empleador en el accidente del trabajo o enfermedad profesional, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado deberán dar cuenta de tal circunstancia al Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, quien deberá bajo su estricta responsabilidad funcional, denunciar ante el Juzgado competente en materia penal, los hechos que configuren un presunto delito contra la vida o la integridad física de los trabajadores, con remisión de testimonio de los antecedentes administrativos disponibles".

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 83 del Código del Proceso Penal, Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

"ARTÍCULO 83. (Del denunciante).- Es denunciante toda persona que comunica al Juzgado competente la noticia de hechos que, a su juicio, constituyen delito.

 

  La denuncia deberá ser presentada por escrito en el que se relatarán los hechos y se agregarán los elementos de prueba de que se disponga, así como la solicitud de su diligenciamiento si correspondiere.

 

  El damnificado, el denunciante y el tercero civilmente responsable tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, y podrán proponer el diligenciamiento de pruebas".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de noviembre de 2013.



JOSÉ PEDRO MONTERO
Secretario

 

GERMÁN CARDOSO
Presidente

 

 



[1] Entendemos que la interpretación de tipos penales debe ser lo más restrictiva posible, es decir, incurrir en interpretaciones amplias o extensivas en el ámbito penal podría dar lugar a la violación del principio de legalidad.

[2] Plá Rodríguez, Curso, t. 2 vol., 1, p. 25

[3]Articulo 179.

(Calumnia y simulación de delito).- El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Nota: TEXTO DADO por el artículo 8 de la Ley No. 17.060.

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