Nueva ley de fiscalización de patentes

Publicado en Tributario

Por Dr. Germán Rosas Barón

 

Sumario

1. Introducción, 2. Potestad tributaria departamental y hecho generador, 3. ¿Qué se entiende por domicilio permanente?, 4. Documentación exigida por los fiscalizadores, 5. Denuncia penal o impugnación ante autoridad judicial competente por falsedad ideológica o material, 6. Empadronamiento nulo, 7. Sanciones.

 

1. Introducción

La ley 18.456 fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de enero de 2009 establece la obligatoriedad del empadronamiento de vehículos automotores en el lugar de residencia de su titular.

Las intendencias se han puesto de acuerdo para iniciar la fiscalización a partir de febrero de 2010.

 

2. Potestad tributaria departamental y hecho generador.

El cobro de la patente de vehículos automotores es un recurso de los Gobiernos Departamentales, decretado y administrado por estos, según lo interpreta la ley 18.456 en su art. 1º. A su vez el art. 297 de la Constitución establece que serán recursos de los Gobiernos Departamentales num 6º “Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte”.

El hecho generador de este impuesto lo constituye el domicilio permanente del titular del vehículo.

 

3. ¿Qué se entiende por domicilio permanente?

La ley distingue para determinar el domicilio permanente entre personas físicas y jurídicas.

I. Las personas físicas (individuo en particular)

Se establece en el art. 2º de la ley que el domicilio de las personas físicas será “aquel en el que tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley”. A su vez el art. 24 del Código Civil establece que “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.

 

Excepción establecida en la ley.

La ley establece que “en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico”. Por ejemplo si una persona vive en Montevideo y trabaja en San José y utiliza su vehículo para ir a trabajar todos los días puede optar por empadronar en Montevideo o en San José.

Además se establece que la persona que no reside en Uruguay debe empadronar sus vehículos en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezca en el país o en el lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales.

 

II. Personas jurídicas (sociedades comerciales, asociaciones, etc.)

Para las personas jurídicas se establece que deberán empadronar sus vehículos en donde radique la base de sus actividades o de sus intereses económicos. A su vez si tiene sucursales o dependencias en otro departamento y utiliza vehículos con relación a éstas el lugar de empadronamiento será el domicilio donde están esas sucursales o dependencias.

También se establece que los vehículos adquiridos por Leasing la jurisdicción para empadronar será el del usuario del vehículo. Las instituciones de intermediación financiera tienen la obligación de solicitar al contratante (usuario) la acreditación fehaciente del domicilio que denunciará para el empadronamiento del vehículo.

 

4. Documentación exigida por los fiscalizadores

Los sujetos pasivos de este tributo para empadronar deberán presentar ante la Intendencia Municipal:

*declaración jurada

*certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente.

El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.

 

5. Denuncia penal o impugnación ante autoridad judicial competente por falsedad ideológica o material.

Se establece que cualquier Intendencia puede denunciar o impugnar las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.

 

Por ejemplo si una persona vive en Montevideo pero en una declaración jurada dice que vive en Colonia y proporciona un domicilio falso se configura una falsificación ideológica lo que es penado por nuestro Código Penal con tres a veinticuatro meses de prisión. Así si un escribano a sabiendas expide un certificado donde se establece un domicilio falso será penado con dos a ocho años de penitenciaría. Si una persona altera o falsifica un documento público será penado con tres a dieciocho meses de prisión.

Si el contribuyente cambia su domicilio debe de informarlo a la Intendencia correspondiente con plazo de 30 días hábiles.

Se establece que las Intendencias tendrán deber de proporcionarse información acerca de registro municipal de vehículos y del domicilio generador del gravamen, respecto de los vehículos empadronados en su jurisdicción.

 

6. Empadronamiento nulo

La ley establece que podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley. En este caso puede ser “interesada” una Intendencia en la que circula con habitualidad un automóvil empadronado en otro departamento, esta podría pedir que se declare nulo el empadronamiento que no respete lo establecido en la ley en estudio. Si se presumiera que hay violación a la ley penal por las situaciones antes mencionadas de falsificación material o ideológica, se deberá por parte de la Comuna actuante radicar la denuncia ante la Justicia competente en materia Penal.

 

7. Sanciones

Las Intendencias podrán ante irregularidades aplicar sanciones. En Montevideo se intima al vehículo que está mal empadronado con plazo de 15 días, de ser detenido nuevamente sin que se regularice la situación será multado con el 100% del valor de la patente.

Otras sanciones establecidas por la ley son: en caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.

 

8. Vigencia de la ley

La ley se aplicará a los vehículos que se hayan empadronado o reempadronado a partir del 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre 2009 se estableció como plazo para regularizar la situación. Es decir que quedan fuera de la regulación los vehículos empadronados con anterioridad a enero de 2008.

 

7. Qué puede hacer el contribuyente.

Actualmente se han planteado recursos de inconstitucionalidad de esta ley por algunas comunas, que argumentan la inconstitucionalidad de los que los conductores deban presentar ante los inspectores certificado de residencia, y en otro caso que constituye una violación a las competencias municipales en cuanto a tributación.

Igualmente los recursos de inconstitucionalidad en Uruguay tienen efecto para el caso concreto por ejemplo si se declara inconstitucional la ley por un recurso presentado por la Intendencia de Colonia regirá para esta y no para la Intendencia de Montevideo o Durazno. Si la ley 18.456 es declarada inconstitucional en varios fallos debería ser derogada en un criterio de buena administración por el parlamentario o dejada de utilizar, pero no hay un imperativo para esto.

Lo que aconsejamos para no tener problemas es que si se circula en un vehículo automotor empadronado en otro departamento contar con la documentación en regla, además de certificado de residencia o declaración jurada, facturas de servicios y todo medio probatorio que permita determinar de forma rápida por el inspector el domicilio del titular del vehículo.

El negarse a presentar la documentación que establece la ley 18.456 así como otra documentación como ser libreta de propiedad y conducir constituye un delito de desacato por el cual puede detenerse a la persona que se niega, y es penado con tres a dieciocho años de prisión.

 

Febrero 2010

 

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