Régimen de Facilidades para los Contribuyentes Ley 18.788 y Dec. 342/011

Publicado en Tributario

 

Por Germán Rosas Barón
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Universidad de la República

 

La ley 18.788 denominada de “Relacionamiento de los Contribuyentes con la Administración Pública” faculta al Poder Ejecutivo a extender al 31 de diciembre de 2006 el régimen de cancelación de obligaciones tributarias establecido en la Ley 17.555, la misma establecía hasta el 31 de diciembre 2002, beneficios y exoneraciones, entre otras cosas, al pago de adeudos tributarios tanto de BPS como de DGI, además de regular convenios de pagos y financiaciones.

 

 

¿Quiénes pueden ampararse a dichas facilidades?

El Poder Ejecutivo por decreto 342/011 extendió  las facilidades de pago que refería la ley 17.555 hasta el 31 de diciembre de 2006 únicamente a tributos recaudados por la DGI. Pueden ampararse sujetos pasivos de los tributos dentro del plazo que va del desde el 1° de setiembre de 2011 hasta el 30 de mayo de 2012. La disposición reglamentaria veta la posibilidad de que puedan ampararse a dicho régimen de facilidades, quienes no estén al día con obligaciones vencidas después de esa fecha o quienes mantengan adeudos por concepto de multas por defraudación. Para ampararse a dicho régimen los sujetos pasivos antes mencionados deben previamente, cancelar dicha obligación o suscribir un convenio por facilidades de pago por esos adeudos.

 

Otros beneficios y facilidades

Se podrá recurrir sin actualizaciones. A su vez la Ley 18.788 establece que el contribuyente que recurre tributos o sanciones, durante el tiempo que dure la dilucidación del recurso no habrá actualización de la deuda por IPC, aplicándose dicha disposición aun a recursos interpuestos antes de la vigencia de la ley en estudio.

Convenios con DGI. La norma establece un nuevo régimen de acuerdos con la DGI, agregándose la posibilidad de abonar la deuda en cuotas. La DGI a su vez, tiene la facultad de reducir los recargos derivados de acuerdos, a los que arribe la Administración con el contribuyente cuando haya mediado una determinación de tributos a raíz de una inspección. En estos casos el contribuyente podrá abonar el 20% de la deuda en efectivo y el resto en seis cuotas mensuales mediante cheques diferidos con vencimiento 30 días desde la primer cuota, la cantidad de cheques puede ser superior siempre que los vencimientos corresponda con el de las cuotas.

Fecha valor cancelatoria de adeudos reclamados judicialmente. Este supuesto opera cuando el contribuyente en juicio solicita se liberen a favor de la DGI sumas retenidas que se hayan dispuesto en virtud de  una reclamación judicial de la DGI por adeudos tributarios y en dicho juicio se hayan adoptado medidas cautelares de intervención de caja o embargo de créditos,  cuando el contribuyente autoriza la imputación al pago de lo reclamado judicialmente, dichas sumas se imputarán a la cancelación de los adeudos tributarios con fecha valor del día en que se libre la solicitud judicial de liberación de los fondos, anteriormente se tomaba por la DGI la fecha en la que eran recibidos los fondos, esto, siempre que no medie un plazo mayor a seis meses entre la referida solicitud y el ingreso efectivo del pago a la Tesorería del referido organismo.

Texto Ordenado sobre derechos, garantías y deberes de los obligados tributarios. La normativa prevé la creación de un Texto Ordenado que es la recopilación de normas sobre diversos temas, en donde se contemplen entre otras cosas derechos y garantías de los obligados tributarios, tema discutido ya que se viene bregando por diversos actores de la escena tributaria -hace ya un largo tiempo- por un estatuto del contribuyente.

Declaración de oficio la prescripción de los tributos. La norma obliga a la DGI a declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de tributos, sanciones, intereses y recargos, toda vez estos se encuentren prescriptos, según el caso pueden ser 5 o 10 años.

Juicios ejecutivos. Por medio de esta Ley se faculta a la DGI a solicitar la clausura de los juicios ejecutivos contra contribuyentes en los cuales se reclamen impuestos, intereses, multas y recargos cuando las cantidades sean inferiores el 10% del mínimo no imponible individual del Impuesto al Patrimonio. Ante el pedido de clausura el Tribunal deberá dejar sin efecto las medidas de garantía adoptadas y declarándose de oficio los tributos causados por dicho juicio. A su vez, se faculta a la DGI a no promover juicios por cantidades inferiores a la mencionada anteriormente, puede procederse a un juicio por acumulación de varios adeudos que superen ese límite. Además faculta a la Impositiva a reinscribir los embargos genéricos trabados con un máximo de cuatro veces consecutivas contándose desde la primera. Impone a su vez una sanción al funcionario que a sabiendas de la existencia de bienes ejecutables no denuncia su existencia, otorgando a esa actitud carácter de falta grave que apareja destitución para dicho funcionario omiso.

 

Montevideo abril 2012.

Por comentarios o consultas a nuestros profesionales haga clic aquí.

 

Artículos relacionados