Juicio Laboral Inconstitucionalidad

Publicado en Laboral y Seg. Social

Por Germán Rosas
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Universidad de la República.
Díaz & Rosas Abogados.

 

Se declara inconstitucionales dos artículos de la ley 18.572.

La ley 18.572 de reciente vigencia regula lo referente a los juicios laborales, estos se regían anteriormente por el Código General del Proceso y algunas leyes especiales en materia laboral, la vigencia de la ley en cuestión modificó unificando en una sola norma el trámite de los procesos laborales, sin perjuicio de que se hizo una salvedad, ya que los aspectos procesales que no están regulados por la misma será suplido por las normas del Código General del Proceso, principios establecidos en la ley y principios de Derecho Laboral.

La ley 18.572 presenta grandes violaciones a la Constitución sobre todo a los principios de igualdad de las partes y debido proceso, ya manifestamos nuestra posición en cuanto a la violación de estos principios en nuestro informe NUEVO PROCESO LABORAL URUGUAYO. En esta oportunidad hacemos llegar a ustedes la conclusión a que llegó la Suprema Corte de Justicia sobre dos artículos de la Ley 18.572.

En sentencia del 21 de junio de 2010 se declararon inconstitucionales y por consiguiente inaplicables a los juicios laborales los arts. 14 inc. 1 y 17 inc. 2 de  la Ley No. 18.572.

Estos artículos hacen referencia el primero, art. 14 inc. 1 a las distintas actitudes que debe tener el Tribunal ante la inasistencia a la audiencia única del Juicio Ordinario Laboral, así el artículo establece:

“Artículo 14.- (Audiencia única).- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista un motivo justificado que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado el Tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia”.

Como podrá observarse la ley trata de forma desigual a las partes en el juicio, si el trabajador (de forma no justificada) no concurre a la audiencia única el Tribunal deberá archivar las actuaciones, esto no supone ningún tipo de sanción para el trabajador, simplemente se determina el archivo de las actuaciones, pudiendo este luego concurrir y pedir que se retome la causa. En cambio, si es el demandado que no concurre a la audiencia de forma injustificada se le impone una sanción que es el dictado de sentencia de forma inmediata teniendo por ciertos los hechos afirmados por el trabajador en la demanda.

La Suprema Corte de Justicia declaró esta disposición como inconstitucional, entre los fundamentos expresados por la Corte podemos referenciar:

“No está claro si la consecuencia del archivo ante la inasistencia injustificada del actor implica que puede replantearse nuevamente el proceso desde el inicio o deba continuarse desde la fase en que se encontraba al momento del archivo. Ello es especialmente relevante y peligroso porque la parte actora podría incomparecer a la audiencia intencionalmente para presentar una nueva demanda o modificar la presentada una vez conocida la contestación del demandado” (lit. c y e, pág. 10)”.

“Esto es, no puede dudarse que la disposición claramente adopta una solución discriminatoria entre quienes son igualmente, partes del proceso y ello -aún sin dejar de reconocer las particularidades del derecho en esta materia- supone   una clara infracción al principio de igualdad constitucionalmente protegido”

La inaplicabilidad de este inciso del artículo supone que se seguirá con el régimen del art. 340 del Código General del Proceso en cuanto a la incomparecencia de las partes que establece:

“340.2 La inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar, se tendrá como desistimiento de su pretensión.

340.3 Si el inasistente fuere el demandado el tribunal dictará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario…”

Entonces si es el trabajador que no concurre a la audiencia y no presenta justificación de la inasistencia, se lo tiene como desistido de su pretensión, como consecuencia la sanción es que este no podrá plantear nuevamente juicio por los mismos hechos, ni reclamar los rubros reclamados en el juicio al cual desistió de su pretensión.

En cuanto al demandado si no concurre la sanción supone que el Tribual dictará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el trabajador en todo lo que no se haya probado lo contrario. Con lo cual se ve el trato igualitario de esta disposición ambos reciben sanciones por la incomparecencia injustificada a la audiencia única.

En cuanto al art. 17 inc. 2 que dispone que si hay una sentencia de condena el apelante para poder apelar la decisión del Juez de Primera Instancia debe depositar previamente el 50% del monto condenado, si no se realiza el depósito la apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante. Cabe destacar que esta disposición afecta solamente a la Empleadora ya que para el trabajador no hay ninguna limitación para apelar, ya que este podrá hacerlo sin depositar suma alguna de dinero.

Es notoria la desigualdad de trato que dispensa la ley a las partes del proceso ante la presentación del recurso de apelación.

La Suprema Corte de Justicia a este respecto sostiene:

“Con toda evidencia surge de la norma un condicionamiento a la facultad de impugnar dirigido exclusivamente a la parte demandada, que en los hechos significa una restricción al derecho de defensa, imponiendo un condicionamiento al acceso a la segunda instancia”.

“Se trata de un requisito de admisibilidad de la apelación de la parte demandada, cuya excesiva gravosidad (depósito del 50% del monto de la condena) conspira en forma directa y relevante contra el ejercicio del derecho de defensa en juicio, que comprende la revisión por un órgano de alzada para una de las partes en el proceso”.

“En efecto, tratándose de un proceso de doble instancia, su apertura por parte del demandado perdidoso, es obstaculizada sin fundamento razonable por una exigencia legal que parece enderezada a impedir o desestimular que el demandado apele, cuando el principio general en este ámbito debe ser la facilitación del ejercicio de los medios impugnativos que permitan el reexamen de la cuestión litigiosa por un tribunal colegiado (pro accione)”.

“Sin duda alguna, lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 17 de la Ley No. 18.572, infringe muy gravemente el principio de igualdad, por cuanto la norma procesal confiere un trato diferencial a quienes deben ser tratados en una similar categoría: la de partes en el proceso laboral”.

La inaplicabilidad del inciso 2º del artículo 17 supone que las dos partes podrán apelar sin ningún tipo de cortapisa o limitación alguna, cuestión que corresponde ya que ambas partes deben tener el mismo trato procesal.

Ciertamente se deberán hacer modificaciones a la ley, ya que la inconstitucionalidad sólo opera para el caso concreto, es decir cuando se plantea en juicio de lo contrario se debe aplicar la ley aunque esta sea inconstitucional. Ya se ha presentado algún proyecto de derogación de estos artículos.

Julio 2010.

Modificación de entrada en vigencia del nuevo proceso laboral

Publicado en Laboral y Seg. Social

Dadas complicaciones para absorber la reforma del proceso laboral que crea dos estructuras la primera para procesos ordinarios y la otra para juicios de menor cuantía, se decidió prorrogar la vigencia de la ley  18.572 hasta el 31 de enero de 2010. (Según ley 18.623 del 13 de noviembre de 2009 cuya entrada en vigencia fue el 30 de noviembre del corriente).

Dichas complicaciones según lo expuesto en el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, -estando de acuerdo con el informe elevado por la Suprema Corte de Justicia-, se debe al gran volumen de trabajo de los juzgados laborales, problemas financieros, y medios humanos

Diciembre de 2009