Secreto Bancario e IRPF a depósitos en el exterior

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El 3 de noviembre de 2010 se aprobó en Senadores 21 en 29 el proyecto de ley que introduce cambios al Sistema Tributario, fundamentalmente en lo concerniente a la flexibilización del levantamiento del secreto bancario y a extender el IRPF a los depósitos en el exterior gravándolos en un 12%. La iniciativa pasó a la Cámara de Representantes para su consideración.

Nueva ley de fiscalización de patentes

Publicado en Tributario

Por Dr. Germán Rosas Barón

 

Sumario

1. Introducción, 2. Potestad tributaria departamental y hecho generador, 3. ¿Qué se entiende por domicilio permanente?, 4. Documentación exigida por los fiscalizadores, 5. Denuncia penal o impugnación ante autoridad judicial competente por falsedad ideológica o material, 6. Empadronamiento nulo, 7. Sanciones.

 

1. Introducción

La ley 18.456 fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de enero de 2009 establece la obligatoriedad del empadronamiento de vehículos automotores en el lugar de residencia de su titular.

Las intendencias se han puesto de acuerdo para iniciar la fiscalización a partir de febrero de 2010.

 

2. Potestad tributaria departamental y hecho generador.

El cobro de la patente de vehículos automotores es un recurso de los Gobiernos Departamentales, decretado y administrado por estos, según lo interpreta la ley 18.456 en su art. 1º. A su vez el art. 297 de la Constitución establece que serán recursos de los Gobiernos Departamentales num 6º “Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte”.

El hecho generador de este impuesto lo constituye el domicilio permanente del titular del vehículo.

 

3. ¿Qué se entiende por domicilio permanente?

La ley distingue para determinar el domicilio permanente entre personas físicas y jurídicas.

I. Las personas físicas (individuo en particular)

Se establece en el art. 2º de la ley que el domicilio de las personas físicas será “aquel en el que tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley”. A su vez el art. 24 del Código Civil establece que “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.

 

Excepción establecida en la ley.

La ley establece que “en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico”. Por ejemplo si una persona vive en Montevideo y trabaja en San José y utiliza su vehículo para ir a trabajar todos los días puede optar por empadronar en Montevideo o en San José.

Además se establece que la persona que no reside en Uruguay debe empadronar sus vehículos en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezca en el país o en el lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales.

 

II. Personas jurídicas (sociedades comerciales, asociaciones, etc.)

Para las personas jurídicas se establece que deberán empadronar sus vehículos en donde radique la base de sus actividades o de sus intereses económicos. A su vez si tiene sucursales o dependencias en otro departamento y utiliza vehículos con relación a éstas el lugar de empadronamiento será el domicilio donde están esas sucursales o dependencias.

También se establece que los vehículos adquiridos por Leasing la jurisdicción para empadronar será el del usuario del vehículo. Las instituciones de intermediación financiera tienen la obligación de solicitar al contratante (usuario) la acreditación fehaciente del domicilio que denunciará para el empadronamiento del vehículo.

 

4. Documentación exigida por los fiscalizadores

Los sujetos pasivos de este tributo para empadronar deberán presentar ante la Intendencia Municipal:

*declaración jurada

*certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente.

El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.

 

5. Denuncia penal o impugnación ante autoridad judicial competente por falsedad ideológica o material.

Se establece que cualquier Intendencia puede denunciar o impugnar las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.

 

Por ejemplo si una persona vive en Montevideo pero en una declaración jurada dice que vive en Colonia y proporciona un domicilio falso se configura una falsificación ideológica lo que es penado por nuestro Código Penal con tres a veinticuatro meses de prisión. Así si un escribano a sabiendas expide un certificado donde se establece un domicilio falso será penado con dos a ocho años de penitenciaría. Si una persona altera o falsifica un documento público será penado con tres a dieciocho meses de prisión.

Si el contribuyente cambia su domicilio debe de informarlo a la Intendencia correspondiente con plazo de 30 días hábiles.

Se establece que las Intendencias tendrán deber de proporcionarse información acerca de registro municipal de vehículos y del domicilio generador del gravamen, respecto de los vehículos empadronados en su jurisdicción.

 

6. Empadronamiento nulo

La ley establece que podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley. En este caso puede ser “interesada” una Intendencia en la que circula con habitualidad un automóvil empadronado en otro departamento, esta podría pedir que se declare nulo el empadronamiento que no respete lo establecido en la ley en estudio. Si se presumiera que hay violación a la ley penal por las situaciones antes mencionadas de falsificación material o ideológica, se deberá por parte de la Comuna actuante radicar la denuncia ante la Justicia competente en materia Penal.

 

7. Sanciones

Las Intendencias podrán ante irregularidades aplicar sanciones. En Montevideo se intima al vehículo que está mal empadronado con plazo de 15 días, de ser detenido nuevamente sin que se regularice la situación será multado con el 100% del valor de la patente.

Otras sanciones establecidas por la ley son: en caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.

 

8. Vigencia de la ley

La ley se aplicará a los vehículos que se hayan empadronado o reempadronado a partir del 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre 2009 se estableció como plazo para regularizar la situación. Es decir que quedan fuera de la regulación los vehículos empadronados con anterioridad a enero de 2008.

 

7. Qué puede hacer el contribuyente.

Actualmente se han planteado recursos de inconstitucionalidad de esta ley por algunas comunas, que argumentan la inconstitucionalidad de los que los conductores deban presentar ante los inspectores certificado de residencia, y en otro caso que constituye una violación a las competencias municipales en cuanto a tributación.

Igualmente los recursos de inconstitucionalidad en Uruguay tienen efecto para el caso concreto por ejemplo si se declara inconstitucional la ley por un recurso presentado por la Intendencia de Colonia regirá para esta y no para la Intendencia de Montevideo o Durazno. Si la ley 18.456 es declarada inconstitucional en varios fallos debería ser derogada en un criterio de buena administración por el parlamentario o dejada de utilizar, pero no hay un imperativo para esto.

Lo que aconsejamos para no tener problemas es que si se circula en un vehículo automotor empadronado en otro departamento contar con la documentación en regla, además de certificado de residencia o declaración jurada, facturas de servicios y todo medio probatorio que permita determinar de forma rápida por el inspector el domicilio del titular del vehículo.

El negarse a presentar la documentación que establece la ley 18.456 así como otra documentación como ser libreta de propiedad y conducir constituye un delito de desacato por el cual puede detenerse a la persona que se niega, y es penado con tres a dieciocho años de prisión.

 

Febrero 2010

 

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IRPF vs. IASS

Publicado en Tributario

 

IRPF vs. IASS

Por Javier Puig
Contador Público

 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo no pretende evaluar la inconstitucionalidad de un impuesto u otro, sino que busca comparar la situación de los contribuyentes, frente a dos situaciones distintas.

Más bien se busca responder a la constante consulta de ¿es más conveniente un impuesto que el otro para un jubilado?.

Como es de público conocimiento, cuando entró en vigencia la Reforma Tributaria en julio del año 2007, los ingresos por pasividades, pensiones y prestaciones de pasividades, pasaron a ser materia gravada frente al IRPF (Ley 18.083, de 27 de diciembre de 2006, Art. 8).

Este impuesto originó que un número de contribuyentes interpusieran recursos de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia. Los fallos favorables a los contribuyentes, que dictó la Corte, llevaron a que se generara una situación de desigualdad entre contribuyentes, lo que provocó la derogación del mencionado impuesto.

Así con la Ley 18.314, se crea el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), vigente a partir del 01 de julio de 2008.

 

IRPF vs. IASS

Nota: Se recuerda que el IRPF a las jubilaciones y pensiones, se encuentra derogado, pero la comparación se realizará como si se encontrara vigente, para un mejor entendimiento.

Ambos impuestos son de liquidación anual, y gravan los ingresos de fuente uruguaya correspondiente a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similares. Nótese que los ingresos por jubilaciones y pensiones originados en instituciones No Residentes no se encuentran gravados por ninguno de los dos impuestos.

El monto imponible de los impuestos corresponde a la suma de los ingresos devengados y de fuente uruguaya, del ejercicio (año civil).

Deducciones admitidas: mientras que el IRPF a las jubilaciones admitía ciertas deducciones, el IASS no admite ninguna. El IRPF admitía deducir atención médica por hijos a cargo (que se duplicaba en caso de discapacidad) y atención medica de jubilados y pensionistas.

Escala de Rentas: ambos impuestos gravan los ingresos por escalas progresionales.

 

IRPF:

(se supone que se mantenía la escala)

De 0 Bases de Prestaciones y Contribuciones a 84 BPC ………. Exento

De 84 BPC y hasta 120 BPC ……………………………………….. 10%

De 120 BPC y hasta 180 BPC ..…………………………………….. 15%

De 180 BPC y hasta 600 BPC ..…………………………………….. 20%

De 600 BPC y hasta 1.200 BPC ..………………………………….. 22%

Más de 1.200 BPC……...…………………………………………….. 25%

 

IASS:

De 0 Bases de Prestaciones y Contribuciones a 96 BPC ………. Exento

De 96 BPC y hasta 180 BPC ……………………………………….. 10%

De 180 BPC y hasta 600 BPC ..…………………………………….. 20%

Más de 600 BPC ..……...…………………………………………….. 25%

 

Como se puede notar en el IASS se aumentó el Minimo No Imponible (MNI, primer tramo por el que un ingreso no se encuentra gravado), lo que en principio debería ser más favorable para la mayoría de los jubilados y pensionistas.

Escala de Deducciones: éstas escalas se aplicaron solamente para el IRPF, ya que como se mencionó, el IASS no admite ninguna deducción.

 

IRPF:

(se supone que se mantenía la escala)

De 0 Bases de Prestaciones y Contribuciones a 36 BPC …………10%

De 36 BPC y hasta 96 BPC ..……………………………………….. 15%

De 96 BPC y hasta 516 BPC .……………………………………….. 20%

De 516 BPC y hasta 1.116 BPC.…………………………………….. 22%

Más de 1.116 BPC …………………………………………………….. 25%

 

COMPARACIÓN NUMÉRICA

Supóngase varios niveles de ingresos anuales por jubilación y a su vez no considere las deducciones que se podrían haber realizado en una liquidación de IRPF por hijos a cargo.

Valor BPC: $ 1.944

Deducción atención médica a jubilados anual estimada: $ 19.632, o sea que se podrán deducir $ 1.963

ngresos Anuales (en$)

IRPF a pagar anual

IASS a pagar anual

$ 120.000

0

0

$ 180.000

0

0

$ 240.000

$ 6.043

$ 5.338

$ 360.000

$ 23.377

$ 18.346

$ 540.000

$ 59.377

$ 54.346

$ 660.000

$ 83.377

$ 78.346

$ 780.000

$ 107.377

$ 102.346

$ 960.000

$ 143.377

$ 138.346

$ 1.080.000

$ 167.377

$ 162.346

$ 1.200.000

$ 191.449

$ 188.026

 

CONCLUSIONES

Si se considera que el jubilado tiene a su cargo menores de edad, aquí podría existir una pequeña variación en las deducciones y por lo tanto el IRPF a pagar podría ser menor.

También se debe considerar que el BPS (Banco de Previsión Social) y toda entidad que pague jubilaciones, pensiones y prestaciones, fueron designados responsables sustitutos, por lo tanto realizaran las retenciones mensuales correspondientes. Estas retenciones se descuentan del saldo a pagar, por lo tanto aquí se puede detectar una diferencia en los valores del ejemplo.

Si bien en una primer impresión y dado que el IASS no permite deducir ningún concepto, podría dar la sensación de que el mismo parecería desfavorable. Pero si se analiza el ejemplo numérico se podrá constatar que el IASS es más favorable, puesto que en las escalas establecidas presenta respecto al IRPF un aumento del Mínimo no Imponible.

 

Agosto 2009.

 

Inconstitucionalidad de la TASA BROMATOLÓGICA DE MONTEVIDEO.

Publicado en Tributario

 

Por Dr. Germán Rosas Barón

 

Es sabido en el ámbito jurídico que la tasa bromatológica de Montevideo ha sido declarada inconstitucional en repetidas oportunidades por la Suprema Corte de Justicia, una de las últimas Sentencia Nº 232.- del 18 de noviembre de 2005 y otra más reciente Sentencia Nº 77.- de 13 de junio de 2007.

En ambas se promovió la declaración de inconstitucionalidad del art. 29 del Decreto del ex Consejo Departamental de Montevideo Nº 11812 de 15 de setiembre de 1960 y sus correspondientes modificativas, por entender que violan lo preceptuado en el numeral 5º del art. 297 de la Constitución. En ese momento se entendió por la mayoría de la Suprema Corte que se trataba de un impuesto que grava la comercialización, y no de una tasa, ya que entre otras cosas faltaba la contraprestación “servicio” que exigen las tasas; al ser en realidad un impuesto no incluido en la enumeración del art. 297 de la Constitución quedaba fuera de la potestad tributaria que tiene el Gobierno Departamental, y por tanto era inconstitucional.

En octubre de 2007 por DECRETO N° 32.265 se modifica el tributo antes mencionado, modificación a causa la inconstitucionalidad antes mencionada (que podía derivar en una ola de reclamaciones judiciales y de resultados desfavorables para la Comuna). En cambio se crea un tributo al que el art. 31 llama “Tasa” (en el derecho tributario el nombre no hace a la cosa, como el hábito no hace al monje). Aquí el servicio estaría dado por el “servicio de contralor bromatológico e higiénico sanitario de todos los establecimientos y procesos de generación y manipulación, así como de los productos alimenticios derivados de ellos, destinados al consumo humano, en el Departamento de Montevideo, sean elaborados dentro o fuera de él”. En este punto tenemos que saber que es el contralor bromatológico y lo definimos de esta manera “se entiende por tal el estudio de las características generales o de las propiedades físicas, físico químicas, químicas, microscópicas o mi­crobiológicas, de los alimentos y útiles alimentarios”. Entonces para realizar ese contralor bromatológico, el inspector debe tomar una serie de muestras de los alimentos, y analizarlos minuciosamente para comprobar la seguridad para el consumo humano.

La “tasa” se abonará en cada caso que se produzcan actos de contralor o inspección. Su recaudación se destinará a los cometidos de la policía higiénica sanitaria - bromatológica. La obligación de abonar la tasa bromatológica surge cuando se produzcan actos de contralor o inspección, la norma incurre en una dinámica peligrosa desde el momento en que no limita la cantidad de inspecciones a realizar por la Comuna, que puede derivar en una carga muy pesada sobre todo para pequeños comerciantes.

Asombra lo gravoso del tributo, el monto de la tasa es de 5 UR (la UR a febrero de 2009 asciende a $ 412.90) que será multiplicado por un “coeficiente compuesto” que puede ir de 1 a 15, la suma variará o será ajustada teniendo en cuenta “la cantidad y complejidad del servicio de contralor o inspección … tomando en cuenta la ponderación de una serie de factores como ser: riesgo potencial para la salud pública de las actividades o procesos de la empresa, complejidad en los procesos de producción, superficie del área de producción, comercialización y de depósito de la empresa a inspeccionar, entre otros". A simple vista se puede apreciar la discrecionalidad (peligrosa) y lo ambiguo y abierto de los términos sobre todo cuando en el final reza “entre otros” cuestión que no queda clara, a que se refiere la normativa cuando dice entre otros. Las sumas a las que podemos llegar son muy elevadas, a esta suma por la inspección se le suma de 5 a 20 UR según el tipo de análisis que se realicen (determinaciones: microbiológicas, químicas básicas, químicas instrumentales).

Estos son los principales aspectos de la norma, en cuanto a si es inconstitucional o no podemos hacernos eco de algunos pasajes de las sentencias antes mencionadas a favor de la inconstitucionalidad de la tasa bromatológica de Montevideo.

En principio, tenemos que identificar si es una tasa o no, quedo claro que anteriormente la Suprema Corte de Justicia, pese a algunas discordias se pronunció por la inconstitucionalidad de la tasa por entender que no se prestaba ningún servicio, por lo tanto no existía contraprestación, lo que había era un impuesto que gravaba la comercialización de determinadas mercaderías o productos, y cuyo monto se calculaba sobre las ventas realizadas el año anterior por la empresa. En este caso se habla de servicio de “contralor o inspección”, pero como vimos este servicio no puede ser meramente inspectivo. El servicio requiere que se tomen muestras para su análisis de los alimentos y productos para el consumo humano, requiere además una tarea inspectiva que va mucho más allá de una mera inspección ocular y el levantamiento de un acta, de no existir análisis bromatológicos, no podemos sostener que el servicio se haya prestado efectivamente y eficientemente. Esto además de ser pasible de un recurso de inconstitucionalidad, también (el acto que determina el monto de la tasa) puede ser recurrible a nivel administrativo y al apostre pasible de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de no ser recogida por la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la Tasa.

La Tasa es definida por el Código Tributario en su artículo 12 que expresa: "Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo".

Siguiendo al Profesor Valdés Costa para que una tasa de estas características sea considerada como tal debe verse si el tributo es contrapartida de servicios administrativos efectivamente prestados, si guarda razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, si su recaudación se vuelca al servicio específico, de no configurar estos extremos la conclusión forzada ha de ser que no se trata de una tasa. (Sentencia S.C.J.; Nº 232/05; Fecha: 18/XI/05).

El tributo debe guardar razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, en este punto es donde podemos hacer otra crítica a la actual tasa bromatológica, parece excesivo que de una inspección surjan montos que pueden ir de 5 UR por el coeficiente de 1 a 15 (a febrero de 2009 $ 2.064 a $ 30.967) a lo que se le suma otro tanto por los análisis bromatológicos, facturas de $ 7.000 a $ 11.000 que se han recibido los contribuyentes parece exagerado para el servicio prestado. Cabe concluir el tributo por lo gravoso del mismo no guarda razonable equivalencia con el servicio prestado. La Intendencia en el mes de marzo de 2009 comenzó a expedir facturas correspondientes a la tasa bromatológica, a ser pagadas en plazos muy cortos, apenas tres días, ante los reclamos de los comerciantes por no poder afrontar el peso del tributo, la Comuna decidió cambiar el vencimiento a abril de 2009. Una muestra más de la falta de “razonable equivalencia”.

En cuanto a si su recaudación se vuelca al servicio específico, según cifras aportadas por la División Salud del Municipio de Montevideo, en el ejercicio 2004 se recaudó por concepto de tasa bromatológica $ 128.580.411 mientras que el costo del servicio fue de $ 43.173.587. Si el actual ejercicio arroja números similares a claras luces no se estará cumpliendo con el presupuesto del destino de la recaudación.

En conclusión, la modificación en 2007 de la tasa bromatológica pretendió ajustarse a los preceptos legales y constitucionales, creemos que no ha podido lograr su cometido y sigue siendo inconstitucional, por los argumentos antes expresados a saber: no hay contrapartida de servicios administrativos efectivamente prestados, no guarda razonable equivalencia con el costo del servicio prestado, su recaudación no se vuelca al servicio específico, por consiguiente no estamos frente a una tasa, estamos frente a un impuesto el cual deviene inconstitucional ya que excede las potestades tributarias establecidas por el art. 297 de la Constitución para los Gobiernos Departamentales.

En Uruguay al no tener un control de inconstitucionalidad general para todos los casos, como lo tiene por ejemplo en Alemania, cada contribuyente tiene que iniciar acciones legales individualmente con el fin de que el tributo no se le aplique por ser inconstitucional.

 

Marzo de 2009.